Tributos Municipales

LAS SANCIONES EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL

Autor: Romer Barbosa

Las sanciones deben establecerse en leyes (Ordenanzas).

Las sanciones en materia municipal tienen un límite máximo, no pueden exceder en cuantía a las contempladas en el Código Orgánico Tributario (Artículo 163, nº 4 LOPPM). Si, por ejemplo, la Declaración tardía es sancionada con cien unidades tributarias (100 U.T.), cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00) a cincuenta bolívares cada unidad tributaria (Bs. 50,00 c/U.T. (Artículo 103 COT), ese es el límite máximo de sanción que, por ese mismo motivo, puede imponer la administración tributaria municipal. La Ordenanza que establezca un valor superior, por haberse fijado en bolívares, unidades tributaria, petros o cualquier otra modalidad contraria la disposición normativa superior y hace nula la sanción.

Deben ser impuestas en virtud de resolución motivada que dicte el funcionario competente de acuerdo con lo establecido en la ordenanza respectiva (Artículo 145 LOPPM). La Resolución debe contener: nombre de la institución, el órgano y la persona que emite el acto; lugar y fecha del mismo; expresión sucinta de los hechos, las razones alegadas y los fundamentos legales pertinentes; la decisión respectiva; nombre de quien lo suscribe y la titularidad con que actúa y el sello de la oficina (Artículo 18 LOPA). No son aceptables, por ilegales, las sanciones establecidas mediante “Estados de Cuenta” simples “papelitos” o a viva voz.

No pueden establecerse en “Petros”, porque la ley penal no puede ser indeterminada. El Petro es indeterminado, deja a un tercero la fijación de su monto, violando el principio de la legalidad de los delitos y las penas, según el cual no hay sanción sin que la consagre la ley (Hernando Grisanti Aveledo). La ley penal debe contener, sin margen de incertidumbre ni riesgo de posibles interpretaciones, los elementos necesarios – definición del delito y fijación de la pena, para que el intérprete lo haga de forma automática, de mera aplicación sin interpretación, de forma que se elimine el poder arbitrario (Cesare Beccaria), recogido claramente en la Constitución: “Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes” (Artículo 49, numeral 6 C.N.). Además, el cobro de sanciones en Petros atenta contra la seguridad jurídica (299 C.N.). No hay ley que establezca la formula de cálculo del Petro.

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